Tradicionalmente se ha entendido que la responsabilidad social era algo propio de las empresas del sector privado, pero desde el momento en que aporta un valor añadido a la sociedad a través de las buenas practicas en el ámbito social, ambiental y económico, deben ser los poderes públicos los que adopten acciones de fomento de estas.
Por ello, a través de diferentes herramientas se ha dotado a la Admon. Publica para poder hacer visible dicha responsabilidad.
En esta ocasión, LA DIPUTACION DE ALICANTE, junto al diputado Juan de Dios Navarro, mediante el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, reservará de manera muy ejemplar, un 7% (el más alto de la Comunitat Valenciana) como porcentaje mínimo en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
La maravillosa consecuencia a esto es que favorecerá el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Esta iniciativa consideramos que es el comienzo para que el resto de Administraciones puedan aplicar las leyes de igual forma; siendo conscientes del compromiso por parte de La Diputación de que así sea.
Desde A Puntadas pensamos que el compromiso de Responsabilidad Social desde las Administraciones se puede entender desde una circularidad de beneficios. A más implicación con la contratación de servicios de Empresas de Inserción, mas empleabilidad de personas y más movimiento económico.
